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La campaña racista en contra de la asistencia pública

De la revista Socialismo y Liberacion de Octobre 2006

María es una dominicana que vive en Nueva York. A causa de la violencia dóméstica ella y su hijita de siete años se vieron forzadas a buscar albergue público. Cuando entró en el albergue, ella trabajaba como asistente de salud para el hogar y trabajaba 60 horas a la semana, haciendo apenas $9 la hora.
El sistema de Welfare no ayuda a las madres solteras superar los desafíos cotadianos.
Photo: Bill Hackwell

Por razones de seguridad, el albergue le exigió abandonar su empleo o de ser posible transferirse a un nuevo trabajo en otra localidad. Sin embargo, los empleadores de María no pudieron transladarla a otra localidad más segura y de manera inmediata.

Si María hubiese permanecido en su empleo, la Ciudad la hubiese considerado inelegible para conseguirle alojamiento, le hubiese cobrado por la estancia en el albergue, y le hubiese dado un plazo de 90 días para conseguir su propio departamento.

De cualquier manera, María tendría que decidir entre mantener su empleo o permanecer dependiente del sistema de ayuda social. La renta promedio por un departamento de dos recámaras en Nueva York es de entre $1.000 a $1.600 al mes.

La aseguranza, el depósito, más el primer mes de renta suman un total de tres veces el costo de la renta para poder conseguir un departamento nomás de entrada.

María decidió que la única manera de sobrevivir, ella y su hijita, sería de abandonar su trabajo y solicitar asistencia social.

El hecho de que María se involucrara en este sistema de ayuda social implicaría el que ella reciba estampillas para alimentos y una cantidad en efectivo de $208 como ayuda para su hijita.

La Ciudad también le ofrecería a ella un subsidio para vivienda y cuidado infantil para su hija.

A cambio, María se vería obligada a trabajar 35 horas a la semana dentro de un programa de trabajo y en una localidad que los servicios de asistencia social consideraran seguros y adecuados para ella.

La Ciudad pone como requisito que las mujeres que se refugian en albergues de violencia doméstica, tienen que esperar hasta 42 días para poder ser elegibles y recibir un comprobante de Estabilidad de Vivienda Plus (Housing Stability Plus voucher). Una familia del tamaño como la de María recibe un certificado por la cantidad de $820 al mes, pero no se le es permitido rentar ningún departamento que exceda esa cantidad.

Todo este tipo de limitaciones producen negocio “por debajo de la mesa” con los caseros de departamentos y con agentes de bienes raíces y seguido llevan a familias sin hogar como la de María a aceptar situaciones de vivienda peligrosas e insalubres.

El certificado sigue vigente por cinco años, disminuyendo un 20% cada año que pase hasta que llegue a ser gradualmente eliminado al final de los cinco años. La trampa es de que a las mujeres en esta situación se les requiere que mantengan su caso de asistencia social abierta si es que han de recibir el certificado de ayuda económica.

Por el contrario, para mantener los casos de asistencia social activos, a las mujeres no se les permite conseguir empleos que paguen más de $180 a la semana.

La trampa en este caso parece no tener salida. ¿Cómo va a lograr una mujer como María sacar a su familia del atolladero al darse cuenta de que todo tipo de ayuda social va a ser inmediatamente retirada en cuanto encuentre un empleo?

Después de tres meses en el albergue comunitario, María llegó a su limite de tolerancia y regresó a su trabajo como asistente de salud hogar. De inmediato perdió los $208 que recibía como ayuda y también la ayuda para su hija. Tan solo se le permitiría conservar el certificado de ayuda para la vivienda siempre y cuando mantuviese su caso de asistencia social abierto.

Para seguir recibiendo el certificado de vivienda, María no podría recibir más de $180 a la semana en ningún trabajo y aún tendría que someterse al programa obligatorio de 35 horas a la semana requerido por el servicio de asistencia social.

Al no ser capaz de ajustarse a las restricciones de salario y de no poder pagar por el cuidado de su hija, la vivienda y los gastos mismos de su hija, María de nuevo se vió forzada a dejar su empleo como asistente de salud y volvió a caer en manos del sistema de ayuda social. Desafortunadamente, el caso de María es común.

La violencia dómestica es la causa principal en daños a la mujer. Cada año 5,3 millones de mujeres son abusadas y 1.232 mujeres son asesinadas por sus parejas. Las víctimas de violencia por sus parejas pierden hasta 8 millones de días de trabajo al año. Se gastan casi $4,1 billones al año en víctimas que requieren servicios médicos y en apoyo psicológico como resultado de ataques físicos y de violaciones.
Photo: James Carroll

Con todo esto, cuando estas mujeres buscan apoyo de los servicios de asistencia social son arrojadas a una red de interminable burocracia y requerimientos absurdos que perpetúan la confusión y el estancamiento y las dejan sin opción alguna.

Una Batalla Social Ganada con Esfuerzo

Durante la Gran Depresión, el servicio de ayuda social fue introducido como parte de un paquete en la política del Nuevo Trato, (New Deal), en el cual también incluían seguro de desempleo y seguro social.

Estas reformas fueron logradas como resultado de huelgas y protestas masívas en los años 1930.

Con el sistema entero capitalista amenazado, el gobierno decidió otorgar algún alivio y concedió estos servicios para aminorar las tensiones en auge.

El Acta del Seguro Social de 1935 creó el Apoyo para Menores Dependientes, o Aid to Dependent Children (ADC). Originalmente se le llamó Ayuda Para Las Madres y después se le llamó Ayuda para Familias con Menores Dependientes. La reforma fue diseñada con el fin propósito de proveer apoyo económico a familias con niños.

En esos tiempos, las mujeres caucásicas de escasos recursos—particularmente las viudas a quienes la depresión económica había convertido en indigentes—llevaban a cargo a las familias que recibía ayuda. El sistema de ayuda social tenía como objetivo proveer el necesario apoyo económico para permitir que estas madres lograran criar a sus familias sin tener que entrar directamente a la fuerza laboral.

Con este concepto, los creadores del sistema de asistencia pública, o “welfare”, esperaban que la responsabilidad principal de estas madres fuera la de educar a sus hijos, en tanto que los varones serían los “proveedores del sustento”.

Cuando los hombres no estuviesen presentes, el gobierno asumiría la responsabilidad financiera de estas familias.

Sin embargo, La Ayuda para Menores Dependientes, o Aid to Dependent Children (ADC), tan solo permitió a madres que fueran “merecedoras” de apoyo, de registrarse en los servicios del programa de ayuda social.

El congreso permitió a los diferentes estados tomar en cuenta al “carácter moral” del padre cuando intentara determinar la ayuda bajo la ADC, así que a las mujeres de la raza negra o que no fuesen caucásicas y a los infantes nacidos “fuera del matrimonio”, eran rutinariamente rechazados para darles ayuda, según a un reporte del Comité de Abogados de Derechos Civíles Bajo la Ley en el año 2003.

El congreso enmendó el Acta del Seguro Social en 1962 y renombró al programa de Ayuda para Familias con Menores Dependientes, eliminando entonces las restricciones de raza y de “carácter moral” por primera vez en su historia permitiendo así a las familias del la raza negra ser elegibles para el programa de Ayuda para Familias con Menores.

La enmienda de 1962 a la Ayuda para Familias con Menores fomentó el registro de 3 millones de recipientes en 1960 a 11 millones en 1975 como resultado masívo a los derechos civiles y también como resultado al movimiento de los derechos civíles de ayuda social de los años 1960s y principios de los 70s.

La “reforma” de Clinton al sistema de ‘Welfare’

En 1996, la administración del entonces presidente Clinton “reformó” el sistema de Welfare. AFDC fue remplazada por el Programa Temporal de Asistencia a las Familias Necesitadas. El programa aun está en efecto hoy en día, a pesar de que caducó en el 2005. Esta “reforma” aumenta grandemente los requisitos y los límites para los que reciben Welfare.

Por ejemplo, los padres solteros deben trabajar 30 horas por semana en trabajos sin ningún futuro para poder recibir beneficios. Los padres que alcanzan la mayoría de edad tienen que dejar a sus hijos con encargados y todas las madres deben de comprobar que realmente son la verdadera madre del niño.

Las “reformas” de 1996 también eliminaron el programa del Welfare como un programa administrado federalmente. En su lugar, ahora el gobierno otorga donaciones a estados de una manera individual, y los mismos estados tienen el poder de determinar sus respectivos casos de Welfare. Muchos estados han reclutado a corporaciones y organizaciones religiosas para que administren su nueva versión de Welfare.

No es ninguna sorpresa que en muchas comunidades negras y latinas la percepción del papel del Welfare cambió de beneficio social a control social. Esto no fue una conspiración oculta, a pesar de que fue disfrazada con lenguaje codificado a cerca de la planificación familiar.

Dos de los programas de Asistencia Temporal a las Familias Necesitadas tienen como meta “Prevenir y reducir el número de embarazos de madres solteras” y “motivar la formación y el mantenimiento de familias con dos padres.”

El mensaje era que los pobres tenían la culpa por su pobreza y no el sistema que está basado en de una manera perversa en la discriminación racista y el desempleo a gran escala.

La reestructuración del Welfare fue acompañada por una campaña mediática, que en coro con la derecha, mostró a los beneficiarios de Welfare como ociosos, promiscuos y “aprovechados”, especialmente a los latinos y afro-americanos. Esta campaña racista nunca mostró que las mujeres blancas y pobres fueron la razón por que se creó el Welfare, y sólo se enfocó en mostrar los “pobres ingratos” mostrando a las madres cómo procreadoras de hijos ilegítimos y malos padres o madres de familia.

Según esta campaña, mientras que “los pobres meritorios” se caeron en tiempos difíciles por razones de infortunio y condiciones económicas estructurales, la situación de “los pobres culpables” fue por razones de carácter o defectos culturales, falta de moral y conducta aberrante.

Después de la “reforma” del programa de bienestar social del 1966, casos como el de María se verían clasificados por la prensa derechista como gente indisciplinada, ignorante, deshonrada y parásito extranjero.

Cuando la cifra de casos dependientes de la asistencia pública se redujo a partir de la implementación del Programa Temporal de Asistencia a las Familias Necesitadas, los elementos conservadores igual a la administración de Clinton celebraron las noticias como verificación del nuevo sistema del programa laboral para personas amparadas bajo la asistencia pública, conocido como “workfare.”

La realidad es que sólo 21 por ciento de esas personas que fueron obligadas a abandonar el Welfare lo hizo porque encontró un trabajo. La mayoría simplemente perdieron la ayuda federal por haber faltado a una cita, por no llenar el papeleo correctamente, o por no cumplir con un montón de requisitos.

Y como el caso de María muestra, muchas veces el hecho de encontrar un trabajo no alivia la pobreza sistemática. De los 3,5 millones de personas que se encontraron sin vivienda en 2003, 40 por ciento estaba trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial.

“Workfare” y la fuerza laboral

La nueva “reforma” ha conducido a la creciente inestabilidad e inseguridad laboral de la clase trabajadora. Ha creado una clase de trabajadores que no recibe suficiente entrenamiento para un trabajo adecuado y que está relegado al labor servil. Esos trabajadores a su vez competen directamente con los trabajadores sindicalizados. Por ejemplo, 45.000 recipientes de la asistencia pública ahora trabajan limpiando las calles y el subterráneo de la Ciudad de Nueva York. Antes esos trabajos estaban bajo representación sindical con mejores condiciones y pago.

La clase trabajadora sufrió un revés con los recortes por Clinton al programa del Welfare. ¿Cuantas mujeres cómo María han tenido que dejar sus empleos y volver a arreglar sus vidas completamente? ¿Cuantas mujeres se han caído en un hueco sin salida, han perdido la asistencia en efectivo, los cupones de alimentos, y el “Medicaid”? ¿Cuantas están desesperadas por encontrar cualquier empleo?

Mientras que crea divisiones en la clase obrera, el actual sistema de asistencia pública deliberadamente estigmatiza y desalienta a los recipientes. Un ejemplo de la campaña humillante y racista en contra de las personas recibiendo Welfare: En la Ciudad de Nueva York los recipientes fueron obligados a ponerse chalecos de color anaranjada subida—pareciendo a una cadena de presidiarios, mientras que trabajaban limpiando las calles y el subterráneo.

Los límites de la asistencia pública capitalista

Mientras las mujeres cómo María luchan para cubrir las necesidades con los pocos recursos que tengan en los Estados Unidos—el país más rico en el mundo—las mujeres de Cuba reciben ayuda verdadera en casos de violencia doméstica y la pobreza. En Cuba, se trata a la violencia doméstica cómo un problema social, no un problema para resolverse a solas.

El gobierno cubano ha tomado grandes medidas para desafiar las relaciones sociales patriarcales, la herencia del capitalismo. La mujer cubana goza de la igualdad en el sueldo laboral, en la oportunidad educacional y en el empleo.

Gracias a la economía planificada gubernamental, que justamente calcula las necesidades de la vivienda y que distribuye los recursos según ese plan, el fenómeno de desalojos y falta de vivienda no existe en ese país.
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